Aproveche esta sección y conozca la normativa referente a canales de denuncia u algún otro relacionado a prevención del fraude o corrupción establecidas en cada país.
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Una serie de naciones insulares han erigido sólidos pilares legales destinados a preservar la integridad y a brindar protección a aquellos que se atreven a levantar el velo sobre la corrupción y las malas prácticas. A través de leyes de protección al denunciante, estas naciones han demostrado su compromiso con la transparencia y la justicia, promoviendo un entorno donde la verdad pueda prevalecer sin temor a represalias.
Promulgó la Ley de Protección de Denunciantes (Public Interest Disclosure Act) en 2013. Esta ley ofrece un refugio legal a quienes destapan irregularidades en el sector público, alentando la denuncia y la rendición de cuentas.
Erigió la Ley de Denunciantes (Protected Disclosures Act) en el año 2000. Esta legislación resguarda a quienes se atreven a exponer corrupción y actos ilegales en el ámbito laboral.
En las exuberantes tierras de Papúa Nueva Guinea, la Ley de Protección de Denunciantes (Whistleblower Protection Bill) se levantó en 2020 como un faro de esperanza, buscando empoderar a los denunciantes y protegerlos de represalias.
En el archipiélago de Islas Fiyi, la Ley de Protección de Denunciantes (Whistleblower Protection Act) se alza desde 2017. Esta legislación establece un escudo para aquellos que alzan su voz contra la corrupción y otros delitos.
La Ley de Protección de Denunciantes (Whistleblowers Protection Act), también implementada en 2017, da testimonio del compromiso de la nación con la verdad y la rendición de cuentas.
En las paradisíacas tierras de Vanuatu, la Ley de Protección de Denunciantes (Whistleblowers Act) se erige desde 2017. Este escudo legal brinda protección a quienes se atreven a alzar su voz contra la corrupción y otros actos ilícitos.