Aproveche esta sección y conozca la normativa referente a canales de denuncia u algún otro relacionado a prevención del fraude o corrupción establecidas en cada país.
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En América Central, se han tejido leyes y regulaciones diseñadas para empoderar y resguardar a quienes luchan contra la corrupción e irregularidades. A continuación, exploramos algunos de los senderos legales trazados para proteger a los denunciantes de esta zona:
La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos (Decreto N.° 89-2002), establece un cimiento legal sólido para quienes desafían la corrupción y los delitos, brindando protección y seguridad.
El resguardo a los denunciantes se da a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N.° 621), la cual se enfoca en la importancia de denunciar irregularidades en la divulgación de información pública.
Las leyes de Honduras también se alzan en protección a los denunciantes con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto N.° 170-2006). A través de esta legislación, se promueve la denuncia de actos de corrupción, acompañada de medidas concretas de seguridad.
Así mismo, en Nicaragua la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N.° 621), brinda refugio a quienes exponen irregularidades en la divulgación de información pública.
El compromiso con la protección al denunciante se plasma en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N.° 7476) y la Ley General de Control Interno (Ley N.° 8292). Estas leyes arropan a los denunciantes en diferentes contextos, reafirmando el compromiso con la integridad.
La Ley de Transparencia (Ley N.° 6 de 2002) y la Ley de Contrataciones Públicas (Ley N.° 22 de 2006) tejen un entorno protector para quienes denuncian irregularidades en el sector público y en las contrataciones gubernamentales.